En la Legislatura de la Ciudad se impulsó mediante documentos falseados (*) un proyecto de ley que garantizaría la impunidad de los nuevos "vendedores", mediante kioscos que se habían instalado recientemente, de manera ilegal.
Simultáneamente a la presentación de la iniciativa "bares en las plazas" se instalaron decenas de bares ilegales en el espacio público, de forma irregular, que no fueron desalojados por los organismos de control conforme lo establece la ley, donde la ciudadanía refería la venta de substancias prohibidas. La falta de control era evidente (ver fotos). Habría complicidad de funcionarios y legisladores. Se estaría buscando instalar en estos bares a "barras bravas" y otros "protegidos" de la política.
La idea era desactivar a los "trapitos" (especialmente de la proximidad de los estadios) y coincidentemente generar lugares en los parques, con poco control. En la época (estamos refiriéndonos al 2014) como se cayó "bares en las plazas" también se cayó el tema "trapitos". No fue precisamente por falta de quorum.
Tras la fachada de un proyecto seductor se podía camuflar fácilmente el tráfico de drogas..
Diputados de fuerzas políticas muy diversas denunciaron a través de sus despachos la ilegalidad de esa propuesta.
Conseguimos evitar que en nuestras plazas ocurriera lo que ocurrió en Rosario y en algunas ciudades europeas, donde el espacio público se transformó en lugar de tráfico.
Descubrimos y denunciamos que algunos de los impulsores de la propuesta habían falsificado documentos públicos para avanzar con su idea. Después de eso, a pesar de haber sido aprobada, la ley fue abandonada.
Concesionar el espacio público de los parques y cederlo a manos particulares incumple con la Constitución de la Ciudad y con el Código de Planeamiento Urbano (tal como vienen denunciando diputados de diferentes fuerzas políticas Estenssoro, Ibarra, Sánchez Andía, Alegre y otros).
Los baños, bebederos, mobiliario de las plazas, estacionamiento para bicicletas, etc. son una obligación del Gobierno de la Ciudad, por lo cual pagamos impuestos. A pesar ello el Gobierno de la Ciudad aducía la "necesidad" de emprendimientos de privados.
Así se crearían "bunkers" en el medio de grandes espacios con poco control. Al privatizar un pequeño sector, se impedía que la Policía pudiera entrar y actuar en los bares sin tener una orden judicial previa. Hoy no es así. Tratándose del espacio público esto es de altísimo riesgo.
Tanto la Policía Federal como la Metropolitana habían manifestado por nota que no contaban con recursos para garantizar el control en los bares que se pretendía instalar en algunas plazas y en los grandes parques a pesar de lo cual el proyecto de instalar bares que facilitarían el trafico en zonas de poco control continuó avanzando...
El Estado debe garantizar nuestra seguridad y el cumplimiento de la ley. A los ciudadanos nos cabe vigilar al Estado.
Simultáneamente a la presentación de la iniciativa "bares en las plazas" se instalaron decenas de bares ilegales en el espacio público, de forma irregular, que no fueron desalojados por los organismos de control conforme lo establece la ley, donde la ciudadanía refería la venta de substancias prohibidas. La falta de control era evidente (ver fotos). Habría complicidad de funcionarios y legisladores. Se estaría buscando instalar en estos bares a "barras bravas" y otros "protegidos" de la política.
La idea era desactivar a los "trapitos" (especialmente de la proximidad de los estadios) y coincidentemente generar lugares en los parques, con poco control. En la época (estamos refiriéndonos al 2014) como se cayó "bares en las plazas" también se cayó el tema "trapitos". No fue precisamente por falta de quorum.
Tras la fachada de un proyecto seductor se podía camuflar fácilmente el tráfico de drogas..
Diputados de fuerzas políticas muy diversas denunciaron a través de sus despachos la ilegalidad de esa propuesta.
Conseguimos evitar que en nuestras plazas ocurriera lo que ocurrió en Rosario y en algunas ciudades europeas, donde el espacio público se transformó en lugar de tráfico.
Descubrimos y denunciamos que algunos de los impulsores de la propuesta habían falsificado documentos públicos para avanzar con su idea. Después de eso, a pesar de haber sido aprobada, la ley fue abandonada.
Concesionar el espacio público de los parques y cederlo a manos particulares incumple con la Constitución de la Ciudad y con el Código de Planeamiento Urbano (tal como vienen denunciando diputados de diferentes fuerzas políticas Estenssoro, Ibarra, Sánchez Andía, Alegre y otros).
Los baños, bebederos, mobiliario de las plazas, estacionamiento para bicicletas, etc. son una obligación del Gobierno de la Ciudad, por lo cual pagamos impuestos. A pesar ello el Gobierno de la Ciudad aducía la "necesidad" de emprendimientos de privados.
Así se crearían "bunkers" en el medio de grandes espacios con poco control. Al privatizar un pequeño sector, se impedía que la Policía pudiera entrar y actuar en los bares sin tener una orden judicial previa. Hoy no es así. Tratándose del espacio público esto es de altísimo riesgo.
Tanto la Policía Federal como la Metropolitana habían manifestado por nota que no contaban con recursos para garantizar el control en los bares que se pretendía instalar en algunas plazas y en los grandes parques a pesar de lo cual el proyecto de instalar bares que facilitarían el trafico en zonas de poco control continuó avanzando...
El Estado debe garantizar nuestra seguridad y el cumplimiento de la ley. A los ciudadanos nos cabe vigilar al Estado.
